Desafíos de la economía chilena

Mauricio Villena

El IPOM de diciembre 2022 proyecta que el Gobierno del Presidente Boric logrará durante su mandato reducir la inflación al nivel de convergencia esperado por el Banco Central, alcanzando 3% anual hacia 2024. Controlar la inflación sería un gran logro económico del Ejecutivo y sentaría las bases para retomar una senda de crecimiento con baja inflación.

Para detener la inflación no basta con subir las tasas de interés; esto debe acompañarse de una política fiscal contractiva que sea creíble y persistente en el tiempo. Sin este ajuste fiscal, la política monetaria puede no ser capaz por sí sola de contener la inflación. El Ministerio de Hacienda, bajo el liderazgo de Mario Marcel, logró realizar un ajuste durante su primer año de gestión: se contuvo el gasto fiscal cumpliendo con el presupuesto 2022 formulado por la administración Piñera, alcanzando por primera vez en diez años un superávit fiscal. Estas son excelentes noticias para la economía chilena y la lucha contra la inflación.

Sin embargo, mientras las autoridades están manejando adecuadamente las contingencias del ciclo económico, la gran pregunta que surge es el potencial impacto estructural de las reformas tributaria y previsional sobre la economía en el mediano plazo. Primero, la reforma tributaria (RT) plantea un aumento de impuestos significativo, con un foco en aumentar las cargas tributarias de los contribuyentes que más ahorran y a las rentas del capital. De no mediar cambios al proyecto en su forma actual, lo más probable es que la RT tendrá un efecto negativo en el ahorro e inversión privada, similar a lo experimentado con la reforma tributaria implementada bajo el gobierno de Bachelet II.

Esto puede deprimir aún más el crecimiento económico de Chile, con consecuencias en la renta de la economía y la calidad de vida de las personas. Adicionalmente, es poco probable que la RT recaude un 3,5% del PIB, toda vez que sus principales fuentes de recaudación se basan en la disminución de la evasión y la elusión.

Por su parte, la reforma previsional, en su forma actual, contiene elementos que pueden desincentivar de manera importante el empleo formal y el ahorro individual, así como desarticular la organización industrial de las administradoras fondos de pensión. Estas últimas son pilares clave del sistema de pensiones chileno, el cual, al contrario de muchos países, no ha comprometido la sustentabilidad de las cuentas fiscales chilenas.

Por último, el aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal será financiado por la reforma tributaria actualmente en discusión en el Congreso. Si la RT no recauda lo prometido, ciertamente la reforma de pensiones podría poner en jaque la sustentabilidad fiscal del país en el mediano plazo. De no mediar una discusión informada, basada en la evidencia y que considere los incentivos dinámicos de las reformas estructurales en el Congreso, que mejore sustantivamente su contenido, el impacto estructural de la administración Boric en la economía en el mediano plazo puede ser negativo y duradero.